Una deuda narco y el asesinato de un familiar ensombrecen la liberación del niño secuestrado en Colombia

La liberación de un niño que estuvo secuestrado durante 18 días en el Valle del Cauca, en el suroccidente de Colombia, produjo alegría y alivio en la noche del miércoles. Las disidencias de las FARC entregaron al menor de edad a una comisión de la Defensoría del Pueblo y, horas después, una clínica de Cali confirmó que se encontraba en buen estado de salud. Este jueves, sin embargo, una serie de revelaciones complicó el caso. La familia reveló que no fue una liberación humanitaria, como se pensó inicialmente, sino que pagó una suma millonaria para lograr la entrega. La revista Semana publicó un artículo que señala que el pago no correspondió a una extorsión, sino a una deuda entre narcotraficantes. Horas después, fue asesinado el primo del padrastro del niño, que participó en la entrega del dinero

Una fuente conocedora de las dinámicas entre la familia y el crimen organizado, que prefiere no ser nombrada por seguridad, confirma por teléfono las revelaciones de Semana. Apunta que el padre del niño, asesinado en Cali en 2013, fue uno de los cabecillas del grupo paramilitar Los Rastrojos. Tras su muerte, su pareja y la madre del menor de edad se quedaron con propiedades y sumas de dinero que, años después, la banda le reclamó. Según la fuente y las revelaciones de Semana y El Tiempo, Los Rastrojos son los responsables del secuestro del niño: decidieron cobrar su deuda y presuntamente contrataron a las disidencias de las FARC para que cometieran el delito. El rapto del menor de edad fue un error, ya que la intención era secuestrar a la madre o al padrastro. De acuerdo con la fuente y las informaciones periodísticas, los captores incluso ofrecieron intercambiar al niño por uno de los adultos.

La fuente consultada enfatiza que no tiene dudas de que todo se vincula al narcotráfico. Corrige que no hubo “una extorsión”, sino el cobro de “una deuda”, de la cual la suma que se pagó por el niño es una pequeña parte, según dice. Considera que fue un error que el tío hiciera pública la negociación económica y presentara a sus familiares como personas ajenas a cualquier actividad delictiva. “La familia debe plantearse fuertemente la posibilidad de dejar el país. Desencadenaron una situación que hace mucho rato no veíamos en el Valle del Cauca”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, comenta en conversación con este periódico que las autoridades conocían la complejidad del caso, pero que la función de la entidad no es juzgar a las víctimas. “Nuestro trabajo es humanitario, en defensa de los derechos humanos. El contexto de los padres no cambia en nada el rol que debíamos cumplir ante un niño que estaba secuestrado”, subraya. Enfatiza que la entidad no participó en ningún momento de una negociación económica. “Siempre exigimos la libertad incondicionada por ser un crimen injustificable”.

Los diálogos paralelos

Durante los 18 días del secuestro, las noticias se limitaron a las marchas que organizaron vecinos de Cali y Jamundí para pedir por la liberación, mientras las autoridades insistían en que esta debía concretarse de manera “incondicional” y no como una transacción. Los diálogos humanitarios apenas avanzaban. Diego Guzmán, director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, comentó el miércoles a este periódico que solo fluyeron en los primeros días. “Siempre fueron enfáticos en decirnos que el niño estaba en buenas condiciones, pero no nos definían nada [de su liberación]”, señaló. Después, se produjo “un gran silencio” que aumentó la angustia por la integridad del menor.

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Los momentos del secuestro del niño de 11 años en Jamundí

La relación entre los mediadores y los allegados del niño se fue enfriando. Los familiares participaron de otras negociaciones paralelas. De acuerdo con Semana, incluso varios capos intercedieron desde diferentes cárceles para lograr unas videollamadas entre los familiares y el niño, así como para enviarle unos medicamentos. No pudieron, sin embargo, lograr la liberación. Fue solo con un pago, organizado a través de unos primos, que se logró destrabar la negociación. Según El Tiempo, el monto fue de 4.000 millones de pesos (poco menos de un millón de dólares).

Sebastián Bonilla, el tío de la víctima, reveló esta negociación con los captores en la mañana del jueves. “Nos vimos obligados a pagar un rescate al ver la poca eficiencia de la autoridad y ante la zozobra que sentíamos de que al niño le pudiera pasar algo”, dijo durante una entrevista en la emisora La FM. Se defendió de los rumores sobre presuntas actividades criminales, que circulaban desde antes del artículo de Semana: comentó que era médico, que su cuñado tenía una joyería desde hace 12 años y que las “informaciones malintencionadas” eran falsas. Explicó que, hasta ahora, se había mantenido lejos de los medios por pedido de los captores.

Horas después, Jesús Antonio Cuadros fue asesinado en el sur de Cali. Gerardo Mendoza, personero de la ciudad, señala por teléfono que cuando llegó al lugar unos familiares de Cuadros le informaron que era primo del padrastro del menor de edad y que había sido el encargado de mediar en la negociación económica. “Las autoridades deben entrar a esclarecer los hechos. La comunidad merece tener la credibilidad suficiente frente a un hecho que ayer nos llenaba de alegría y hoy nos entristece”, afirma.