La violencia narco llega a Quito: “Quieren apoderarse de nuestro sector”

Casas amuralladas, pasajes cercados con puertas de metal y parques vallados por completo. Solanda, una parroquia al sur de Quito, capital de Ecuador, ha transformado sus lugares abiertos en fortificaciones. José Calderón, líder del barrio, abre la puerta para entrar a una estrecha calle que conduce a una manzana de casas. Nadie entra si no vive allí. Como su calle, hay otros cientos que se han resguardado del peligro con barreras. Es su forma de enfrentar la ola de violencia que los devasta. Los vecinos miran con asombro cómo cada mes hay un enfrentamiento armado. Las pruebas están ahí: asesinatos, balaceras y negocios atacados a tiros.

La violencia ha escalado drásticamente en Ecuador en zonas como Solanda. Solo en 2024 la parroquia registró nueve muertes violentas, según datos de la Policía. Y hasta el 13 de mayo de este año ya se cuentan diez. Solanda es de contrastes. Con una población de 150.000 habitantes —una de las más densas de la Quito—, conviven el auge del comercio y el aumento de los crímenes. Alejándose un par de cuadras de la casa de José Calderón está la calle Jota, una de las más conflictivas. Hay un negocio junto a otro. Tiendas de ropa, mercados, restaurantes y bares trabajan prácticamente todo el día, sin descanso. Es sábado por la tarde y los transeúntes entran y salen de los locales, buscan qué comprar o comer en los carritos instalados en las veredas. Todos parecen obligados a convivir con la violencia.

La violencia en Ecuador ha crecido de forma sostenida en los últimos años, y 2025 no muestra señales de mejora. Ecuador registró 3.094 homicidios intencionales de enero a abril de este año, un incremento del 58% con respecto a las 1.951 del mismo periodo del año pasado. Incluso frente a 2023 —el año más sangriento en la historia reciente del país— que cerró ese mismo cuatrimestre con 2.301 casos, las cifras actuales apuntan a que 2025 podría convertirse en el año más violento.

La violencia en Ecuador, que parecía un problema enquistado en provincias fronterizas o ciudades costeras como Guayaquil, Machala o Durán, ahora empieza a instalarse en zonas de Quito. Entre el 1 enero y el 13 de mayo de 2025, se han reportado 94 homicidios en el Distrito Metropolitano de Quito, un incremento del 32,4% respecto a los 71 casos registrados en el mismo período de 2024.

El policía Gabriel Rosero, jefe de operaciones del distrito Eloy Alfaro—que incluye a parroquias como Solanda— asegura que los asesinatos de los últimos meses son premeditados. Se trata de una disputa entre bandas criminales. Ya es común escuchar que una balacera o una matanza fue por un “ajuste de cuentas”, eufemismo que encubre la disputa por el control del territorio para el microtráfico. José Calderón lo sabe. Basta caminar unos metros desde su casa para encontrarse con la prueba de la escalada de violencia: lo que fue una panadería es hoy una casa abandonada con los vidrios destrozados y las paredes perforadas a balazos. El local quedó deshabitado tras el ataque. Quienes pasan por allí apenas lo miran.

“En Solanda, estos crímenes aparecen desde el año pasado. Teníamos una tranquilidad bárbara, aquí no pasaba absolutamente nada”, cuenta Calderón. “Pero hay bastante comercio y los grupos quieren apoderarse de nuestro sector”, añade. El ataque más reciente ocurrió el 9 de mayo, cuando dos hombres fueron asesinados a balazos en plena calle. El hijo de Cristina—quien prefiere no revelar su apellido por seguridad— fue testigo del crimen. “Por suerte o muerte, mi hijo pasaba a esa hora. Ya no puedo mandarle a mi hijo a caminar cuatro cuadras en la noche”, cuenta la madre.

La intensificación de la violencia en sectores como Solanda responde, en parte, a que los grupos de delincuencia organizada han enfocado sus esfuerzos en la captación de pandillas locales, dice Pedro Manosalvas, experto en seguridad. “La expansión de estas bandas y pandillas ha derivado en una guerra de territorios por el control del microtráfico”, explica.

Carolina Andrade, miembro de la Iniciativa Global Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés) coincide en que el aumento de la violencia obedece a que Quito es vista por los grupos de delincuencia organizada como un mercado de consumo. “Cuando ocurren estos hechos violentos es porque entran en tensión estos grupos que manejan las redes de distribución y abastecimiento para el consumo interno”, apunta Andrade. “Para qué quieren apoderarse de una parroquia”, se pregunta José Calderón. En seguida responde: “Es porque le ve que es bueno, tiene dónde vender, a quién vender y lo que es más, el control es mínimo”.

No es una novedad el consumo y venta de drogas en el sector. Cristina, una de las moradoras del barrio, asegura que incluso los estudiantes de colegios son manipulados para vender droga. “Muchos han tenido que sacar a los niños de las instituciones. Los niños ya vienen amenazados y los papas, vacunados”, cuenta. Con esto coincide José Calderón, que recuerda que hace unos meses, una mujer invitó a comer a unos jóvenes del barrio y “les dijo ustedes quieren ganar dinero, así, fácil, les doy unos paquetes, ustedes venden”. Calderón relata que los menores le alertaron sobre lo ocurrido: “Con un grupo de vecinos la abordamos y le dijimos: ‘Si va a hacer eso aquí, le va a ir mal. Es mejor que se vaya’. Quince días después, se fue del sector”.

Manosalvas también señala que la falta de vigilancia y control por parte de la Policía ha abierto el camino para que los grupos criminales operen sin represalias: “La impunidad les permite actuar con mayor temeridad frente a la población y a las autoridades. Además, favorece la proliferación de otros delitos conexos como la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas y de personas”, explica. Andrade suma otro problema: la alta rotación de los policías y falta de recursos. “Todo está concentrado en las ciudades de la costa, por como está ahí la situación. Eso afecta porque se reducen los recursos para apoyar el trabajo en otros cantones”.

Los vecinos han intentado hablar con las autoridades, pero no han encontrado respuesta. Y las veces que han logrado tener mesas de trabajo con la Policía, “los jefes no duran ni dos meses. Planificamos una agenda de trabajo y al mes los cambian, otra vez toca partir de cero”, se queja José Calderón.

Por ahora, los residentes de Solanda se aferran a los pocos espacios de paz que aún conservan, como la cancha de ecuavoley —una variante local del voleibol— en el Parque Ecológico. Allí se reúnen cada fin de semana y juegan hasta entrada la noche. Es uno de los pocos rincones que aún no ha sido rodeado con rejas, como los otros parques y manzanas de la ciudadela. Pero ninguno de los residentes puede asegurar con certeza cuánto tiempo más permanecerá así.