Matar activistas medioambientales, aquella vieja costumbre latinoamericana que se refleja en el cine

El 8 de marzo se cumplieron cuatro meses de la desaparición de la líder mapuche y defensora medioambiental de 72 años Julia Chuñil. La familia señala como responsable a un empresario forestal que mantiene una disputa legal por una reserva natural defendida por la activista. Para los casi dos millones de mapuches —nación indígena ubicada en la Araucanía, actual Chile—, se ha vuelto cotidiano sufrir hostigamiento de latifundistas y del ejército chileno. Aún sangra la herida del asesinato en 2008 del manifestante Matías Catrileo, de 22 años, a manos de un agente de la policía. La recuperación de tierras que encabezó durante sus últimos días es recogida en la película Algún día las raíces, de Alejandro Valdeavellano. El filme fue estrenado comercialmente en 2024 y ahora se organizan proyecciones en el territorio ancestral Wallmapu.

De los 196 activistas de la tierra y medioambiente que fueron asesinados en 2023, 166 murieron en Latinoamérica, un 85%, según la ONG británica Global Witness. Sucesos como el de Catrileo y otros recientes se han convertido en un símbolo de búsqueda de justicia y resistencia. Ahí resuenan las muertes de Homero Gómez, que intentaba evitar la tala ilegal de árboles en el bosque de Michoacán (México); Berta Cáceres, por impedir el desarrollo del proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque de Honduras; Julián Carrillo, al oponerse al asentamiento de mineras canadienses en la sierra mexicana de Chihuahua; o, antes, Chico Mendes, después de investigar la expropiación ilegal de tierras en la Amazonía brasileña. Películas como El guardián de las monarcas (2024), Berta soy yo (2022), La guardia blanca (2022) y Povo da floresta (Pueblo del bosque, 2020) narran sus historias y luchas.

“En todos los gobiernos en democracia se han matado activistas mapuche. Ahora, en el mandato de Gabriel Boric, se ha aumentado la presencia militar en el territorio, con tanquetas e inversión en armamento y transporte a diferentes zonas del territorio Wallmapu“, explica el director de Algún día las raíces, Alejandro Valdeavellano. Reconstruyó la vida de su protagonista a través de los relatos de la familia, amigos, parejas y allegados. “La idea era hacer una película de denuncia y memoria”.

Así, de forma paralela, en dos tiempos, se cuenta cómo la ascendencia nativa de su madre influyó en las ideas del cineasta chileno y, en tono de thriller, las “recuperaciones de territorio” en las que no solo participó, sino que alentó y dirigió. Se entiende como recuperación de territorio al reclamo y reposición de terreno que les fue usurpado y anexado al Estado chileno en la llamada ocupación de la Araucanía, entre 1851 y 1883.

Algunas recuperaciones se ejercen con violencia: Catrileo fue abatido durante el ingreso a una finca privada. “El Gobierno ha institucionalizado los procesos de restauración, exigiendo a las comunidades documentos que respalden la pertenencia de sus terrenos. Muchas de ellas no los tienen o ese título no aborda la totalidad geográfica que les corresponde. Es un término que busca burocracia y distancia institucional para resolver este conflicto”, asegura Valdeavellano por llamada telefónica desde Santiago.

55 años deforestando la Amazonia

Povo da floresta es también una película de memoria sobre una problemática que poco ha cambiado a lo largo de los años. El documentalista Rafa Calil presenta el filme como un homenaje a Chico Mendes, recolector de caucho convertido en líder sindical y activista en los setenta, considerado el primer mártir de la ecología. Fue asesinado en 1988 por dos ricos hacendados. El documental es una inmersión en la vida de los seringueiros y agentes de las Unidades de Conservación en la reserva Chico Mendes, en el estado brasileño de Acri, para evidenciar que continúan viviendo bajo amenazas. La deforestación, el enemigo de Mendes, continúa galopante: hasta 2022, un 26% de los 847 millones de hectáreas que componen la Amazonia ha sufrido una deforestación irreversible.

De cada 10 muertos en esta localidad selvática, nueve son defensores medioambientales, según uno de los policías entrevistados en el filme. Brasil es el segundo país latinoamericano donde más activistas ecologistas murieron en 2023, con 25 asesinados. Colombia encabeza la lista con 79 y el tercero es México con 18. En este último, las organizaciones criminales se han unido como verdugos a los latifundistas y empresarios con intereses agrarios. A ellos se enfrentó el comisario ejidal de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca Homero Gómez. El guardián de las monarcas, dirigida por Emiliano Ruprah, narra cómo este Patrimonio de la Humanidad, punto de llegada para una migración de lepidópteros de 5.000 kilómetros, es amenazado por la tala ilegal de árboles.

“Después de la guerra contra el narco librada por el presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el crimen organizado tuvo la necesidad de encontrar otras fuentes de ingreso. Entre ellas estaba cobrar el ‘derecho’ de uso de suelos, extorsionar a negocios y apoderarse de los recursos naturales”, relata el director Emiliano Ruprah. Al menos el 70% de la cosecha de madera en México tiene origen ilegal, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Las mafias se involucran en muchos casos trabajando con grandes compañías por interés económico, o con políticos que se oponen a la defensa y protección de espacios con grandes recursos”, agrega Ruprah.

Asesinados por carteles

Sin los oyameles y pinos que pueblan la reserva, las mariposas se quedan sin refugio invernal. Los 14 grupos criminales que se estima que operan en Michoacán, entre ellos los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, considerados como terroristas, han instalado ahí sus narcolaboratorios. La batalla que sostuvo durante años Gómez llegó a su fin el 13 de enero de 2020, cuando desapareció. Su cuerpo fue encontrado en un pozo 19 días después.

Pero la costa occidental de México no es el único lugar donde las organizaciones criminales se han transformado en extractivistas ilegales. A más de 500 kilómetros al norte, en el Estado de Zacatecas, se erige Salaverna. Una pequeña localidad donde sus habitantes fueron despojados por la llamada “guardia blanca”: grupos irregulares armados que trabajan al servicio de una empresa, en este caso, la minera canadiense Frisco. Es uno de los tres escenarios del largo documental La guardia blanca, de Julien Elie.

Se estima que en México están instaladas 264 empresas mineras, de las cuales el 80% proviene de la América anglosajona. Contra varias de ellas se plantó el líder de la comunidad rarámuri Julián Carrillo, asesinado a tiros en 2018, y otro de los protagonistas del filme. Antes de él fueron encontrados muertos su hijo, su sobrino y su yerno. El tercer marco que aborda La guardia blanca es el río Verde, centro de vida y producción de una comunidad de Oaxaca amenazada por la contaminación a causa de la actividad minera.

“Es un lugar aislado, paradisíaco para turistas estadounidenses. Eso dice mucho de la historia de México. La violencia sucede bajo un telón de tranquilidad y belleza natural”, relata Julien Elie. Una contradicción que se reproduce en el aspecto visual del filme: una naturaleza omnímoda con sus escalas de verdes que se contrasta con las excavaciones ocres que deja la actividad minera. Elie asegura que es obra del Estado mantener una visión artificial apaciguada: “En México, diferentes niveles de gobierno, desde el nacional hasta el municipal, trabajan con grupos criminales. La policía o el ejército son permisivos o están ausentes en estas tierras de nadie”.

Complicidad de los gobiernos

Fue el Estado quien entorpeció durante cinco años la investigación para descubrir el autor intelectual de la muerte de la hondureña Berta Cáceres. La cineasta Katia Lara filmó sus pasos durante casi 10 años en Berta soy yo. Desde que la activista le declaró la guerra a la empresa DESA y su proyecto hidráulico sobre el río Gualcarque, fuente de vida para la nación lenca, hasta su asesinato en 2016 y los posteriores juicios. Cáceres fue un símbolo a nivel internacional, recibió el premio Goldman, la constante iración del papa Francisco y su muerte se lamentó en noticieros desde Kenia hasta Estados Unidos.

La resolución del caso fue lenta. Un ministro llegó a calificar el crimen de “pasional” y los autores, directivos de DESA, fueron encubiertos por ser exfuncionarios del Gobierno. Finalmente, en 2022 fue sentenciado David Castillo, exdirector de la empresa y quien trabajó en el servicio de inteligencia del ejército hondureño.

En todos estos filmes sobrevuela la noción de la participación directa o indirecta de los Estados, o sus brazos judiciales, en la muerte de los ambientalistas. El asesino de Catrileo, el agente Walter Ramírez, no pisó una cárcel a pesar de ser condenado a tres años de prisión en 2011; la fiscalía de México dijo que la causa de muerte del ambientalista Gómez fue “accidental por ahogamiento”; a Carrillo le dispararon pese a que era parte de un sistema de protección de México… Lo que queda, dice el cineasta Ruprah, son las películas militantes. Distribuir la información, cuestionar a las autoridades y poner frente a todos la impunidad de los crímenes.