Detenido el último tripulante de la narcolancha que mató a dos guardias civiles en Barbate

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil han detenido en la madrugada de este domingo en Barbate a Abdennour El Hichou, de 39 años, el último de los cuatro tripulantes de la narcolancha que en la noche del 9 de febrero de 2024 mató en el puerto de esta localidad gaditana a los agentes del instituto armado Miguel Ángel González y David Pérez que permanecía huido, según han confirmado el Ministerio del Interior. Está previsto que este lunes pase a disposición judicial.

El ahora arrestado ―que ha permanecido oculto durante estos 15 meses en Marruecos, de donde es originario― ha reconocido en su declaración ante los agentes que aquella noche estaba en la embarcación que causó la tragedia, pero ha insistido en que todo fue un “accidente” provocado por el cansancio que supuestamente acumulaban él y sus compañeros tras permanecer muchas horas en el mar, según detallan fuentes cercanas a la investigación. Esta versión es similar a la que ya esgrimieron los otros tres tripulantes ―detenido uno entre septiembre y los otros dos en noviembre―, que en todo momento han defendido que no tenían intención de matar a los agentes. Sin embargo, los informes policiales les contradicen, ya que concluyen que el “brutal” y “gratuito” ataque de la narcolancha tuvo como fin “causarles un grave daño o quitarles la vida [a los agentes]”.

La detención de El Hichou se ha producido en circunstancias idénticas a las de los otros tres tripulantes de la narcolancha. Presionado por el cerco de la Guardia Civil sobre él, así como por las amenazas que supuestamente ha recibido durante estos meses de las mafias del Estrecho, El Hichou ha regresado a España, acompañado de un abogado, para facilitar su arresto. Los mismos pasos habían seguido en septiembre Karim El Baqqali ―quien pilotaba la embarcación en el momento del suceso, según confesó después― y, dos meses más tarde, Mohamed Laachiri y Yassine El Morabet. Los cuatro, que trabajaban presuntamente para la organización de Abdellah E. M. alias Puspus, están acusados de dos delitos de asesinato, cuatro de asesinato en grado de tentativa por los cuatro agentes que viajaban en la embarcación del instituto armado y sobrevivieron, seis de atentado, uno de contrabando y otro de pertenencia a organización criminal.

La caída del cuarto y último tripulante de la narcolancha pone punto final a una compleja investigación que sufrió hace ahora un año un giro de guion. Hasta aquel momento, las pesquisas se habían centrado en seis personas que habían sido detenidas pocas horas después del suceso como presuntas autoras del asesinato de los dos agentes. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil de aquella fecha, en el que se analizó exhaustivamente los vídeos del suceso, descartó que estos últimos fueran los autores de las muertes.

A partir de ese momento, los esfuerzos de los investigadores se dirigieron a identificar a los ocupantes aquella noche de la verdadera narcolancha que arrolló a los agentes y sus cuatro compañeros. El primer hito fue la localización de la embarcación. Se trataba de una narcolancha que había sido interceptada el pasado 17 de marzo frente a las costas de Huelva. Desde ese momento, el juzgado abrió una pieza separada en el sumario que declaró secreta que desembocó en la identificación de los presuntos ocupantes de la misma.

Tras ser detenido en septiembre, el piloto intentó justificar durante su declaración ante el juez su actuación aquella noche en una supuesta situación de necesidad económica y familiar, y que la organización para la que trabajaba transportando alijos entre Marruecos y la Península le había obligado a trabajar pilotando narcolanchas. El autor confeso de la embestida mortal recalcó que en un primer momento pensó que solo había golpeado ligeramente la embarcación de las víctimas. Una versión que han respadado, con algunas contradicciones, los dos detenidos en noviembre y, ahora, El Hichou.

Sin embargo, la versión autoexculpatoria de los cuatro se contradice con las conclusiones de los informes elaborados por la Guardia Civil. En estos documentos policiales, los investigadores explicaban que la embarcación neumática de alta velocidad (ENAV, como se las denomina en el ámbito policial a las narcolanchas) que presuntamente ocupaban los cuatro detenidos fue la única de las seis que se habían refugiado aquella noche en el puerto de Barbate a causa del temporal que hostigó a la de los agentes. En estos vídeos ―uno de ellos grabado con la cámara que portaba uno de los agentes heridos― se veía cómo la lancha neumática acosó de manera constante durante dos minutos y 41 segundos a la zódiac del instituto armado, hasta que la arrolló mortalmente.

Durante ese tiempo, las imágenes mostraban el hostigamiento, que incluyó cinco embestidas previas y una sexta final, que fue la que acabó con la vida de los dos agentes. “Se alejaron una distancia suficiente que les permitía alcanzar una elevada velocidad regresando de nuevo en dirección a la embarcación oficial para finalmente, sin desviar la trayectoria para evitar la colisión, atacarla entrando con su proa desde babor hasta estribor de la embarcación afectada, pasando por encima con la quilla, con toda la superficie del casco y con los cuatro motores de 300 caballos de potencia y unos 300 kilogramos de peso cada uno, dotados de elementos metálicos cortantes”, recogían los investigadores en otro documento policial.

La Guardia Civil incidía en que en ese momento la narcolancha no llevaba ni droga ni otra mercancía ilegal que explicara que sus tripulantes hubiera actuado así para “defender” la carga. Por ello, concluían que “la única explicación hallada para dar sentido al brutal ataque ‘gratuito’ [...] es la intención de causarles [a los agentes] un grave daño o quitarles la vida”.

Las contradicciones entre los documentos policiales y las declaraciones de los tres primeros detenidos llevaron al juez que instruye la causa, Ángel Rojas, a encargar el pasado enero un informe pericial para determinar si la narcolancha embistió a los agentes de manera accidental, como defienden sus tripulantes, o fue una acción intencionada, como apunta la investigación de la Guardia Civil. El juez pretende con ello determinar si mantiene contra los cuatro las acusaciones de asesinato o si las rebaja a homicidio.

En el primer caso, entendería que hubo intencionalidad por parte de los tripulantes de la narcolancha y la condena se podría elevar hasta los 25 años por cada uno de los fallecimientos e, incluso, a prisión permanente revisable si se concluye que estaban integrados cuando lo cometieron en una organización criminal, otro de los delitos de los que se los acusa. Por el contrario, si se concluye que la embestida fue accidental, sería homicidio, y la pena se situaría en la horquilla de entre 10 y 15 años, o menos, si los hechos se catalogan como homicidio por imprudencia grave, penado con un máximo de cuatro años.