Una calesa, joyas, arte y muchos coches: de caprichos ostentosos del narco a dinero contante para el Estado

Una yeguada con su guarnicionería de lujo —calesa incluida—, joyas, arte y muchos coches, desde Audis a Ferraris. La ostentación con la que los narcos del Estrecho sazonan sus vidas aporta valiosas pistas de sus andanzas y acaba siendo prueba clave del blanqueo en los juicios. Pero dar a esos bienes utilidad y rendimiento más allá de su incautación lleva años siendo uno de los quebraderos de cabeza de los jueces y fiscales que luchan contra el narcotráfico del sur. Con ese fin, el Ministerio de Justicia abrió el 4 de marzo de 2019 en Algeciras (Cádiz) una subsede de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Desde entonces, ya ha decomisado bienes y dinero por valor de 40,7 millones de euros, más de un 30% del total de lo intervenido por la oficina a nivel estatal.

Los datos obtenidos seis años después en la única subsede de este órgano de la istración del Estado que auxilia a los jueces a la hora de localizar y istrar los bienes de los delincuentes, dan buena pista de la frenética actividad con la que se mueve el narco del Estrecho. Aquella inauguración, presidida por la entonces ministra Dolores Delgado, formaba parte del paquete de medidas impulsado por el Gobierno para estrechar el cerco contra unas mafias que vivían una de sus etapas doradas. Apenas medio año antes, las operaciones policiales comenzaron a prodigarse, cada una con decenas de detenidos, toneladas de hachís o cocaína incautadas y casas, coches y variopintos objetos decomisados sin otro destino que quedarse acumulando polvo y perdiendo valor en un almacén. La Oficina vino a resolver esta papeleta por la vía de las subastas anticipadas.

“Está pensado para los bienes que se deprecian por un desuso, como un coche o un barco que pierden su valor guardados a la espera de los 10 años que puede tardar en llegar una sentencia definitiva”, ejemplifica Ana Villagómez, fiscal antidroga de Andalucía. Ella, sus compañeros de la Fiscalía y los jueces de instrucción son claves para que la ORGA algecireña —que extiende su influencia en amplias zonas de Andalucía, de Ceuta y de Melilla— entre en escena, ya que la institución solo puede intervenir por encomienda de ellos. “La diferencia fundamental es que los bienes se gestionan anticipadamente, antes de que finalice el procedimiento judicial y se dicte sentencia”, explican desde el Ministerio de Justicia. Esto supone subastarlos cuando más valor tienen y que esquiven así la devaluación o el deterioro por el transcurso del tiempo. De paso, el Estado se evita los gastos de depósito que a menudo acaban superando el valor de mercado de los bienes cuando finaliza el procedimiento judicial.

La singularidad es que la subasta se realiza mucho antes de que llegue el juicio que dirima si el propietario de ese bien es culpable o no. El dinero que la Oficina consigue con su subasta se consigna en su cuenta corriente y no puede moverse de ahí hasta que el proceso judicial no acabe. A 31 de diciembre de 2024, la ORGA tenía en esa cuenta un saldo de 118,7 millones de euros, de los cuales 40,7 millones procedían de subastas de bienes recuperados en el sur, según datos aportados por Justicia a EL PAÍS. Solo en 2023 —último año disponible— la Oficina vendió 11.309 bienes por los que obtuvo un beneficio de 1,6 millones. En el top de lo decomisado y vendido están los inmuebles (por los que se recuperaron 481.635 euros), vehículos (hasta 446.459 euros), embarcaciones (que aportaron 420.006 euros) y arte y joyas (1.733 objetos por los que ingresaron 402.880 euros).

Aunque los juzgados tienen cuentas en las que se puede depositar el dinero recuperado —puede ser en efectivo, de cuentas bancarias o de criptomonedas—, la diferencia de la cuenta de la ORGA es que el montante genera intereses el tiempo que esté ahí, explica una fuente judicial. Desde que se creó a nivel nacional en 2015, la ORGA está capacitada también para localizar y recuperar bienes o activos por mandato judicial. “Ellos tienen o directo con las agencias de otros países de recuperación de activos. También tienen a datos de Hacienda, cuentas bancarias o de la Seguridad Social”, apunta Villagómez, en referencia a un equipo que está integrado también por policías y guardias civiles.

El fin del dinero

Un repaso a la web nacional de la ORGA da pistas de la diversidad de bienes y objetos procedentes de organizaciones criminales que acaban siendo objetos de subasta: desde maquinaria agrícola a cabinas solares, pasando por diversos coches, como un Audi A3 blanco decomisado en Málaga y cuya subasta termina a mediados de mayo, una moto de agua que se guardaba en Los Barrios con valor de tasación de 7.500 euros o un lote de un Mercedes, un McLaren y un Ferrari que estaban depositados en Mengíbar (Jaén) y que acabaron adjudicados por casi 400.000 euros. Nunca se hace pública la trazabilidad de a qué operación pertenecen los bienes, pero hay casos en que su singularidad les delata. Por ejemplo, esos tres coches de alta gama que pertenecieron a los artífices de un presunto fraude en la venta de hidrocarburos en 2020 de la que supuestamente participó el expresidente del CD Badajoz, Joaquín Parra. Por el camino, hay propiedades, como vehículos, embarcaciones y hasta caballos, que acaban depositados en manos de la Policía o la Guardia Civil, si son de utilidad para su operatividad.

Aunque la mayoría de los bienes que la ORGA gestiona en Algeciras tienen que ver con el narcotráfico, también istra bienes procedentes de organizaciones criminales en general, investigadas por delitos como corrupción o blanqueo de capitales. La naturaleza del delito marca también el destino final del dinero recuperado. Si no tienen que ver con el narco, una vez que la sentencia sea firme y condenatoria —si fuese absuelto al investigado se le devuelve el dinero— los fondos van a la Comisión de Adjudicación de Bienes Producto del Delito, descontando una parte que va al sostenimiento del coste de la propia oficina. Y, si son ilícitos por tráfico de drogas, se nutre el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados que gestiona la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.

En estos años, la ORGA ha transferido a los órganos judiciales casi 10,7 millones de euros para hacer frente al pago de las indemnizaciones fijadas en sentencia y para acabar en ese plan nacional. A eso se suman otros 14,1 millones, procedentes del resto de delitos, que han acabado en el Tesoro público, de los cuales 5,2 millones han acabado en proyectos para luchar contra el crimen organizado y para asistir a las víctimas. Pero en la zona cero del narcotráfico del Estrecho, el Campo de Gibraltar, las asociaciones antidroga lamentan no recibir nada de esas partidas, especialmente de la relacionada con el narco. “No nos viene nada de nada. Tendría que haber una sensibilidad política para ayudar al territorio que lo sufre”, se queja Paco Mena, de la Federación Antidroga Nexos.

La normativa de Sanidad marca que solo pueden concurrir a esas ayudas organizaciones nacionales, ayuntamientos grandes o comunidades autónomas. Mena y los suyos se han pasado años negociando con el Ministerio para intentar buscar “fórmulas imaginativas” para que llegase algo a la zona sin tener que cambiar la ley, pero reconoce que hace ya tiempo que tiraron la toalla. A Mena solo le queda la satisfacción de que el narco del Estrecho tiene una traba más, la de perder para sus bienes, en su desaforado negocio que nunca parece tener fin.