El juez amplía la lista de imputados por la guerra sucia urdida contra Podemos en época de Rajoy

El juez instructor Santiago Pedraz, que investiga la guerra sucia urdida contra Podemos desde el Ministerio del Interior en época del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), ha ampliado la lista de imputados. El magistrado de la Audiencia Nacional ha llamado a declarar como investigado al inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano, quien fuera uno de los hombres de confianza del comisario Eugenio Pino, máximo responsable operativo de la Policía Nacional durante el Ejecutivo popular. A petición de la fuerza política y respaldado por la Fiscalía, el juez Pedraz ha fijado el interrogatorio de Díaz Sevillano el próximo 6 de junio.

Este movimiento se produce después de que dos ex altos cargos venezolanos apuntasen contra la cúpula policial durante sus declaraciones ante el magistrado, celebradas el pasado marzo. Los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Ochoa Alvarado relataron a Pedraz que antiguos del Cuerpo aron con ellos hace una década para pedirles información sobre Podemos. En concreto, Villalobos explicó que Bonifacio Díaz se reunió con él en Washington en 2015 y que después, una vez que trasladó su residencia a España, le llegó a enseñar “fichas policiales” de integrantes del partido (“en realidad, una impresión de biografías de los diputados de Podemos obtenidas de fuentes públicas”, según precisa la formación).

En un escrito enviado al juez, Podemos recuerda que, cuando fue citado como testigo, Díaz Sevillano negó ante el juez “haber hablado con Villalobos ninguna cuestión referida a Podemos”. “Parece que el citado agente faltó a su obligación de decir verdad en sede judicial y lo hizo, sencillamente, por cuanto lo contrario supondría incriminarse”, recalca el partido. “La declaración de Villalobos es un dato nuevo que apunta indiciariamente a la realización de actividades de captación de información por [Díaz Sevillano] al margen de cualquier procedimiento de investigación sostenido por la investigación de hechos delictivos”, apuntala el fiscal Vicente González Mota, que respalda la imputación.

La guerra sucia urdida contra Podemos incluyó múltiples maniobras. Como la confección y publicación del llamado informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un falso documento policial que afirmaba sin pruebas que Irán había financiado al partido y que se usó para atacar a Pablo Iglesias. También, el o con exmandatarios venezolanos para que declarasen contra Podemos —varios agentes viajaron incluso a EE UU (a costa de las arcas públicas) para tratar de convencer a uno de ellos, el exministro Rafael Isea, con la promesa de que le darían protección y una nueva vida en España—. Como publicó EL PAÍS, al menos ocho testigos atribuyen esos tejemanejes a la policía patriótica, un grupo de agentes que operó contra adversarios políticos del PP cuando el ministro Jorge Fernández Díaz estaba al frente de Interior.

En esta causa también han sido imputados, entre otros, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y antiguo número dos de Fernández Díaz; Eugenio Pino, ex director adjunto de la Policía Nacional (máximo jefe operativo); y varios comisarios (como Andrés Gómez Gordo, Enrique García Castaño y Germán Rodríguez Castiñeira). En esta línea, Castiñeira relató al juez que García Castaño, alias El Gordo, le solicitó que rastreara los “antecedentes policiales” de parlamentarios de Podemos: “Me dijo: ‘Oye, ¿tú podrías mirarme los antecedentes de estos 69 diputados?’ Entonces, yo me enfadé y le dije: ‘¡Pero, tú estás loco!”.

Bonifacio Díaz Sevillano, cuya imputación ha avanzado eldiario.es, era uno de los colaboradores más próximos de Eugenio Pino en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. De hecho, este inspector jefe se sentará también en el banquillo de los acusados en el juicio sobre la Operación Kitchen —su celebración se ha previsto para 2026—. Kitchen fue una operación urdida en 2013 en Interior para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de robarle documentación que perjudicara al PP. Según el juez Manuel García-Castellón, Díaz Sevillano “ayudó” a Pino con esa trama: “Habría tenido pleno conocimiento de la puesta en marcha y ejecución de la operación, así como de su carácter ilícito al tener como objetivo la sustracción de pruebas de un procedimiento judicial, y el empleo durante su desarrollo de fondos reservados”.