Las chabolas de piedra de la mano de obra roja del franquismo

La madre de Lucía Díaz dio a luz entre unas piedras. Por aquel entonces, en plena dictadura franquista, eran su casa. Como tantas otras mujeres en la España de Franco, tuvo que abandonar su hogar para poder estar cerca de su marido, uno de los cerca de 6.000 presos que, para “redimir” su condena, trabajó en uno de los 11 destacamentos penales en los que los vencidos de la Guerra Civil levantaron la línea ferroviaria Madrid-Burgos. En los restos que quedan en pie del de Lozoyuela (Madrid, 1.500 habitantes), acompañado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, alcaldes de municipios cercanos y un grupo de estudiantes de bachillerato, el profesor de historia Sergio Riesco recordaba este jueves: “Las familias de los represaliados eran las vallas del destacamento. Vivían en estas chabolas de piedra, de dos metros por dos metros, con un lugar para encender la lumbre y un jergón. Y pasaron mucha hambre que, como sabemos, es otra arma de guerra y humillación”.

La visita tiene lugar el mismo día que el BOE publica el acuerdo para incoar la declaración de estos destacamentos penales como “lugares de memoria democrática”, la distinción que servirá para colocar es explicativos que permitirán a las futuras generaciones conocer que esas piedras colocadas de forma extraña en el monte fueron un día viviendas para los represaliados del franquismo. El calor aprieta, pero a sus 89 años, apoyándose en su bastón, Francisco Corella sube la ladera detrás de las autoridades. Conoce bien este paraje. “Mi padre estuvo preso aquí, y mi madre, mis dos hermanos y yo, vivíamos en una de estas chabolas”, relata, muy emocionado. Llegó con seis años, pasó tres en el destacamento y terminó siendo alcalde socialista del pueblo. La expedición incluye a Benita Navacerrada, de 94 años, que sigue buscando a su padre, confiando en que pronto sea uno de los identificados en las fosas comunes de Colmenar Viejo, y que este jueves ha querido participar en el homenaje a los que compartían ideas y penas con Facundo Navacerrada, ejecutado en mayo de 1939. A Remedios Jiménez también se le escapa alguna lágrima cuando una actriz, Balbina Miño-Gómez, del proyecto Liberta, interpreta en la montaña a una de las mujeres de los presos: “Tengo que contarle a Esteban, mi marido, que su cuñado ha muerto de avitaminosis. Me dicen que ya no está en este destacamento, pero sé que está en la enfermería porque se cayó mientras trabajaba”. Los presos, como recuerda el BOE, “trabajaban en las obras de mayor complejidad y peligrosidad, como la extracción de piedra o la perforación de los túneles, en situaciones penosas ante la falta de elementos de protección”. El ferrocarril directo entre Madrid y Burgos fue inaugurado el 4 de julio de 1968. La vía ya no se utiliza hoy.

“Todas las conversaciones con mi padre”, relata Remedios, “terminaban siempre en este lugar y me encantaría que hoy pudiera verme aquí. Una vez, con un cincel, marcó en la piedra sus iniciales. Mi abuelo estaba en el destacamento y las condiciones de vida eran terribles. Vivían en Granada, pero al trasladarlo aquí, mi abuela y mi padre se instalaron en la nada, en una de estas chabolas”. Era el precio a pagar por pasar algún minuto al día cerca del preso. Nicasio Jiménez hijo contaba el tiempo de condena en estaciones: cuántos inviernos y cuántos veranos, ambos igual de duros en este paraje escarpado. Nicasio Jiménez padre apenas vivió tres años más cuando por fin obtuvo la libertad. “Había salido muy débil y enfermo, tuvo una peritonitis y cuando le dieron el salvoconducto para ir al hospital ya no pudieron hacer nada por él”, explica su nieta.

Cerca de 6.000 presos trabajaron entre 1941 y 1955 en estos 11 destacamentos penales y se calcula que en total, en distintas obras repartidas por todo el territorio nacional, fueron cerca de 50.000. El Régimen había condenado a muchos de ellos a muerte, pero Franco necesitaba mano de obra para reconstruir el país devastado por la guerra —carreteras, puentes, túneles, vías de tren...— y conmutó las penas de hombres jóvenes y sanos castigados, en aquella justicia al revés, por el delito que solo los franquistas habían cometido: adhesión a la rebelión. Lo hizo a través del llamado Sistema de Redención de Penas por el Trabajo del Patronato de la Merced. El verbo empleado, “redimir”, subraya el secretario de Estado de Memoria Democrática, “tenía un componente religioso, porque el Régimen entendía que habían pecado, pero fue un método de venganza más contra quienes compartían ideas democráticas”.

De aquellos trabajos forzados se beneficiaron empresas públicas y privadas que hoy son grandes constructoras. La ley de memoria democrática (2022) establece que la istración General del Estado elaborará “un inventario” de las obras realizadas por presos durante el franquismo, así como un “censo” de las organizaciones que se beneficiaron de esa mano de obra para “impulsar iniciativas” de reparación. Preguntado por el estado en que se encuentran ambas medidas, Martínez explicó que un equipo especializado trabaja en el inventario, “muy extenso”, y que arán con algunas de esas empresas. “En Alemania se dieron a conocer todas las organizaciones que se beneficiaron de los trabajos forzados en campos de concentración nazis. Siemens, por ejemplo, aportó a los procesos de reparación, y aquí también vamos a hablar con las empresas para que nos ayuden a reparar a las víctimas”.

En el interior del antiguo destacamento, el arqueólogo Fernando Colmenarejo explica las penosas condiciones en las que vivían los presos (hambre, miseria, plagas de chinches...), y un grupo de estudiantes, acompañados por la Joven Orquesta Sierra de Madrid, se dirige al público. Tienen entre 16 y 17 años y estudian en el Instituto La Cabrera, donde Riesco, acompañado por otros profesores, diseñó una asignatura optativa sobre memoria, convivencia y derechos humanos. El primer año se apuntaron 15 alumnos y este, que es el tercero, ya son 45. “Es una forma”, explica una de ellas, “de poner en valor el sistema democrático, nuestros derechos y libertades, y somos nosotros, los jóvenes, los que tenemos la capacidad de cambiar el futuro, dignificando el pasado y transmitiéndolo a las nuevas generaciones”. Valentín Sánchez, de 16 años, relata que el curso pasado, un antiguo preso del franquismo les relató las torturas que había sufrido en la Dirección General de Seguridad, actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Me impactó muchísimo. No me imaginaba que en ese sitio podía haber ocurrido algo así”. Al igual que con estos 11 destacamentos penales, el Gobierno incoó un expediente para declarar el edificio lugar de memoria democrática, lo que comporta colocar una placa en la Puerta del Sol para recordar lo que ocurrió durante la dictadura en ese inmueble. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, trató de impedirlo modificando la ley del Gobierno y istración de la Comunidad de Madrid, pero el Tribunal Constitucional ha suspendido tales preceptos por considerarlos contrarios a la Ley fundamental. “¿Qué importancia tiene que se considere este lugar como un espacio de memoria?”, pregunta Valentín en el destacamento penal de Lozoyuela. Y se responde: “Conocer las situaciones de abuso y violaciones de derechos humanos nos convierten en personas conscientes. Y recordar a quienes sufrieron en silencio no solo nos ayuda a reflexionar, sino a no repetir lo que jamás debió ocurrir”.