Moreno rectifica y asegura que Andalucía asumirá la gratuidad del transporte para menores

La guerra abierta entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes a cuenta de quién asume la gratuidad del transporte metropolitano para los menores de 14 años ha subido de intensidad y también de consecuencias con la entrada en escena del presidente del Ejecutivo autónomo, Juan Manuel Moreno. El barón popular ha rectificado y este martes ha asegurado que será su Gobierno quien financie el coste de esta prestación, algo que la semana pasada dio por descartado su portavoz, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que aseguró que la Junta “no estaba en ese planteamiento”. “No podríamos seguir pagando cuestiones que en otras comunidades financia el Gobierno de España”, dijo el miércoles pasado.

Casi una semana después, Moreno ha cambiado de opinión. “Como somos personas dignas y nuestra dignidad está por encima, ya le puedo decir al ministro [Óscar Puente] que si él no pone el dinero y no lo pone de manera inmediata, la Junta de Andalucía se hará cargo de esos recursos para no tener que deberle nada a este Gobierno un tanto chulesco y un tanto vanidoso como es el que representa a este señor”, ha asegurado durante un foro organizado por el diario El Mundo, en Málaga, en el que también ha recordado que la Junta está estudiando medidas legales para el caso de que ese departamento deniegue esa subvención.

El presidente de la Junta reaccionaba así a la decisión del ministerio que dirige Óscar Puente de denegar las ayudas que su Gobierno había solicitado para garantizar la gratuidad del transporte a los menores de 14 años y que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, anunció, sin mencionar que la financiación provenía enteramente del Ejecutivo central, el pasado 14 de marzo. Esta omisión, realizada tanto verbalmente, como en la nota de prensa sobre la medida que publicó la Consejería ese mismo día, fue considerada por Transportes como un incumplimiento del Real Decreto Ley 1/2015 que regula este tipo de ayudas y que establece que “todas las actividades de comunicación y difusión sobre la implantación de los descuentos deben incluir de manera expresa que reciben financiación del Ministerio de Transportes, e incluirán el logotipo específico”, y así se lo hizo saber el director general de Movilidad Sostenible a la consejera en una carta que le remitió un día después en la que informaba de la suspensión de esa subvención. Una posibilidad sobre la que el propio Puente había advertido a través de X ese mismo lunes.

Moreno no ha variado el tono ofendido que la portavoz de la Junta desplegó la semana pasada cuando acusó a Puente y, por extensión al Gobierno central, de haber cometido el “enésimo agravio de un ministro de Pedro Sánchez” a Andalucía. De hecho el dirigente popular ha utilizado hasta el mismo símil que empleó España para referirse a la reacción del exalcalde de Valladolid. “Un ministro no se puede levantar una mañana y tener una pataleta frívola, vanidosa e infantil y decir: ‘poder absoluto, yo con mi mano quito y pongo dinero”, ha dicho Moreno, que también ha calificado de “chulerías con los andaluces”, la reacción de Puente. Hace una semana la consejera de Hacienda se refería a esa misma decisión como “una reacción infantil, fruto de la vanidad y soberbia” y también advertía de que la Junta no iba “a permitir chulerías del ministro Óscar Puente”.

Sin embargo, el presidente andaluz ahora sí ha variado en el fondo del asunto -lo que realmente importa a las familias que podrían beneficiarse de esta ayuda-, y ha asegurado que será la Junta quien asuma ese coste, tirando por tierra la argumentación de su consejera de que la infrafinanciación a la que estaba sometida Andalucía y lo que estaba dejando de ingresar la comunidad como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos Generales impedía al Gobierno autónomo asumir una prestación que -y en este caso sí lo reconoció, como exigía Puente- “en otras comunidades financia el Gobierno de España”.

Durante todo el fin de semana, distintos responsables del PSOE de Andalucía han estado pidiendo a Moreno que rectificara y reconociera que esas ayudas al transporte a los menores de 14 años forman parte de un paquete de medidas que anunció el Gobierno en marzo de ese año, sin embargo, el presidente de la Junta ha elevado el órdago, asumiendo ese coste en su totalidad. Una cantidad que la Junta, al menos hasta el momento, no ha calculado pero de la que podrían beneficiarse el 1,2 millones de andaluces que tienen menos de esa edad. La portavoz del Gobierno andaluz ha matizado horas más tarde que esa cantidad “la adelantará” el Ejecutivo autónomo, pero, “luego la vamos a recurrir [en los tribunales] y la vamos a ganar y se nos devolverá incluso con intereses”.

Al envido más de Moreno ha respondido Puente, también a través de un tuit, en el que ha reprochado al presidente andaluz que “lejos de rectificar, amenace!. “Acostumbrados a que España es su cortijo y estar por encima de la ley, les pilla fuera de juego que alguien les ponga en su sitio y les exige su cumplimiento”, ha escrito el ministro.

Pero más allá de la batalla política, lo que está en juego es una ayuda vital en una comunidad donde el 47,1% de los niños, niñas y adolescentes (unas 726.000 personas) se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) y donde un 16,9% de las personas menores de edad (unas 260.000 personas) vive en hogares en situación de carencia material y social severa. “La compensación de gastos familiares o las prestaciones en especie al transporte, el cuidado de niños, el a actividades deportivas o socioculturales, por ejemplo, permite beneficiar a esas familias que tienen especiales dificultades para acceder a servicios necesarios para una crianza normalizada y el mantenimiento de su hogar, y afecta directamente al derecho de niños y niñas a un nivel de vida adecuado para su desarrollo, donde intervienen factores tan importantes como una alimentación adecuada o una vivienda digna”, advierte Mercedes García Ayuso, coordinadora de Unicef en Andalucía. “Al ser una medida universal, actúa de manera inmediata sobre la capacidad económica de los hogares, y protege a las familias en la crianza frente a la precariedad laboral y la falta de ingresos”, abunda.