La consejera de Derechos Sociales lamenta que la pobreza infantil cuesta a Cataluña cada año el 5% de su PIB

Luchar contra la pobreza infantil no solo es una cuestión ética, sino que se justifica ya solo por una cuestión económica. A más menores de edad pobres, menos podrá avanzar la economía de un país o región. En el caso de Cataluña, la pobreza infantil afecta a casi medio millón de niños y jóvenes, uno de cada tres menores, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Idescat. La consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, con una amplia trayectoria como economista, ha expresado este miércoles que la pobreza infantil “supone una pérdida de capital humano que no nos podemos permitir”. Y puso cifras: el coste de estos niveles de pobreza infantil es de 11.800 millones de euros cada año, el 5% del PIB catalán. Para paliar esta situación, el departamento que dirige tiene varias medidas en marcha, una de ellas la Estrategia contra la Pobreza Infantil, que el Govern aprobará en mayo.

“Vivir en pobreza tiene un impacto negativo en las actividades cognitivas, y favorece el fracaso escolar. Perdemos muchos cuando un tercio de las personas de la sociedad no pueden desplegar su potencial. Es una situación similar a lo que ocurría hace 50 años cuando las mujeres no estaban en el mercado laboral”, ha expresado la consellera durante su intervención en el Fòrum Social Pere Tarrés, un espacio de reflexión sobre temas que afectan al tercer sector social y que organiza la Fundación Pere Tarrés en colaboración con EL PAÍS.

En este encuentro la consejera también ha hecho referencia a dos preocupaciones recientes en el sector social: cuándo se equipararán los sueldos de los trabajadores en el sector social, y qué ha ocurrido en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), donde la semana pasada la consejera cesó a la directora general y al subdirector solo seis meses después de nombrarlos. Sobre el primer tema, Martínez Bravo ha dicho que el departamento ha encargado un estudio que estará listo en verano, para cuantificar lo que costaría esta medida y poner calendario. Sobre los ceses en la Dgaia, la consejera ha dado una explicación poco concreta: “Hemos querido optar por un cambio en el liderazgo, porque creemos que para los retos que tiene la Dgaia necesitamos un estilo más gerencial”, ha dicho, para añadir que la Dgaia es “extremadamente importante” pero que en el departamento hay muchas prioridades.

Desde que llegó al cargo en agosto, Martínez Bravo ha tratado de poner orden en un departamento en el que confluyen varios retos, y se ha apoyado en parte en lo que ya había empezado el Govern anterior. Un ejemplo es la Estrategia contra la Pobreza Infantil, que ideó el anterior consejero, Carles Campuzano, y que el departamento, ya bajo la batuta de Martínez Bravo, ha ido desarrollando hasta tener ya listo el plan de acción para 2025, que se presentará en mayo. “La economía está creciendo, y mientras la pobreza en general disminuye unas décimas, no ocurre así con la pobreza infantil. ¿Cómo puede ser que una economía que crece conviva con la pobreza infantil?“, se ha preguntado ante un público formado por decenas de representantes de entidades del tercer sector.

Rediseño de prestaciones

Una de las claves, según la consejera, es que no se redistribuye bien la riqueza, ni mediante el sistema fiscal ni mediante los mecanismos de transferencias a los más vulnerables. Y en este sentido, Cataluña tiene una oportunidad con el rediseño de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y la adopción de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) —un traspaso de la gestión que el anterior Govern logró tras pactarlo Esquerra con el PSOE—. “Estas prestaciones no llegan a todos los que podrían recibirlas: 150.000 hogares en Cataluña que podrían tener el IMV no lo tienen, y entre el 30% y el 40% de los hogares que podrían percibir la RGC no lo hacen”, ha explicado. Para ello, Martínez Bravo ha detallado que el Govern ha emprendido una reforma de la RGC que está pendiente de aprobación en el Parlament.

Entre otras cosas, la idea es hacer compatible el trabajo con la percepción de esta prestación y aumentar la cobertura para que la reciba más gente. En concreto, ha detallado que de los 113.000 beneficiarios pasarían a recibirla 170.000, y el presupuesto pasaría de los 500 a los 800 millones de euros anuales. Otra de las razones de esta reforma es agilizar y automatizar los mecanismos burocráticos, para evitar que se repita lo que fue su primera crisis como consejera: al llegar al cargo, Martínez Bravo se encontró con miles de reclamaciones a familias que el sistema había identificado que habían cobrado de más, lo que terminó con la propuesta de una amnistía para evitar reclamar este dinero a las familias vulnerables. “Queremos que la prestación esté diseñada con automatismos y revisiones trimestrales”, ha dicho.

Otra de las claves será la integración de la RGC con el IMV, que cuenta con un complemento de ayudas para la infancia del que se podrían beneficiar 350.000 menores: “Se podría llegar al 44% de la población menor de edad en Cataluña”. La integración de las dos prestaciones, sin embargo es lenta, y la consejera espera que en 2025 haya una ventanilla única, y el año que viene ya empiecen a gestionarse conjuntamente.