El directivo que lideró la solución de El Prat: “Lo de Barajas es competencia del Ayuntamiento. No hay discusión”

El fuego cruzado entre istraciones mantiene en el suelo del aeropuerto de Barajas a unas 400 personas sin hogar. Todos ―el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, AENA y la Delegación del Gobierno― eran conocedores de la situación de deterioro que sufría el aeródromo mucho antes de que saltara a los medios de comunicación. Nunca se celebró ninguna mesa de negociación hasta que la noticia empezó a correr como la pólvora. Y una vez esto sucedió, las posturas de unos y otros han ido distanciándose con acusaciones y excusas sobre sus propias responsabilidades.

El Gobierno de José Luis Martínez Almeida se resiste a resolver la situación, tampoco lo hacen los municipios aledaños, ni el Gobierno de Madrid, los principales responsables según el informe de una entidad religiosa integrada por Cáritas, el único estudiado que ha perfilado la realidad de los habitantes de Barajas. El informe también señala al Ministerio de Migraciones por su competencia en la acogida de solicitantes de asilo, un colectivo aparentemente poco numeroso en las terminales.

Ante la confusión y los pretextos que unos y otros ofrecen en cada una de sus declaraciones, EL PAÍS ha consultado a dos expertos de larga experiencia a la hora de abordar soluciones frente al problema del sinhogarismo. Uno de ellos, Lluís Torrens, se enfrentó precisamente a un escenario muy similar en el aeropuerto de El Prat, cuando trabajaba para la Generalitat. “Las competencias sobre sinhogarismo son de los ayuntamientos. Esto es lo que hay. No hay discusión en esto”, declara el que fuera Secretario de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat.

Torrens fue el gran impulsor del acuerdo que firmaron la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, el de Barcelona y AENA para abordar la presencia de cientos de personas sin hogar en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. “No es un problema técnico, es un problema político”, asegura. Torrens ha seguido por la prensa la situación de Barajas: “Cuando oía que el alcalde Almeida decía que la competencia es del Estado porque estos han hecho un plan de sinhogarismo, no salía de mi asombro. Es como si se le pidiera al Estado que curase a los enfermos de cáncer porque ha hecho un plan contra el cáncer”. “El Estado puede hacer una estrategia, pero quien la termina aplicando es el ayuntamiento y las istraciones locales, que son los que cuentan con los equipos de intervención”, añade.

Los primeros pasos para el acuerdo que echó a andar el pasado mes de abril comenzaron allá por 2011, cuando se detectaron 82 personas sin hogar en toda la zona aeroportuaria. Se formó un equipo técnico coordinado por el Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de que el aeródromo se encuentra en el municipio de El Prat de Llobregat. Por la crisis económica y el estallido del procés, todo “quedó apartado en un cajón”. Sin embargo, se llegó a un acuerdo entre las cuatro partes implicadas para que el Ayuntamiento de Barcelona, gracias a una subvención que le daba la Generalitat, enviara un equipo de profesionales sociales para atender a las personas que estaban allí. Esta subvención asciende ahora a unos 650.000 euros anuales.

“Todo el mundo tenía claro que debía ser el Ayuntamiento de Barcelona, ya que la Generalitat no tiene los recursos especializados”, recuerda Torrens. En el caso de Barajas, sería la Comunidad de Madrid quien podría financiar al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida para que pueda desplegar a sus técnicos, una fórmula que recoge el informe realizado por Cáritas. AENA, por su parte, habilitó unos locales en el aeropuerto para que se reunieran los técnicos. “Podrían haber ayudado en algo más, pero eso es todo lo que se consiguió”, lamenta.

Al igual que sucede en Madrid, en Cataluña la atención social se divide en dos categorías. En primer lugar, una Atención Social de emergencias o primaria —por ejemplo, albergues o la campaña de frío— que es competencia de los municipios. En segundo término, una atención social especializada para la cual se establecen, en ocasiones, convenios con los ayuntamientos y que es gestionada por el gobierno regional. Aquí entraría, por ejemplo, la atención a personas con problemas de salud mental. “En cualquier caso, la atención social no depende del Estado, como se está diciendo”, apunta Torrens.

En cuanto a los perfiles de El Prat, al igual que sucede en Barajas, eran bastante heterogéneos. Así como en Madrid no se ha realizado ningún censo hasta el momento por parte de ninguna istración, en Barcelona esta misión la asumió el Ayuntamiento. “Los solicitantes de asilo no eran un perfil mayoritario, ni salía en las conversaciones como sucede ahora en Madrid. Era sobre todo un perfil de personas sin recursos, inclusos algunos que trabajaban”, asegura Torrens.

El resultado, hasta el momento, está siendo satisfactorio. Raúl Moreno, secretario general del Departament de Serveis Socials, hizo el miércoles un primer balance. Según los datos ofrecidos, a finales de 2023 se alcanzó la cifra más alta: 181 personas. Y desde que se iniciaron las actuaciones, el número se ha visto reducido considerablemente. El pasado enero eran 112. En febrero, 108. La madrugada del martes apenas se registraron 50 personas.

“Es una salvajada humanitaria”

Pedro Cabrera, profesor recientemente jubilado de Sociología de la Universidad Pontificia Comillas y uno de los mayores expertos en pobreza extrema, exclusión social y sinhogarismo, no da crédito a la situación que están viviendo las personas sin hogar del aeropuerto de Barajas. Su trabajo académico ha ido en paralelo con su labor sobre el terreno, especialmente en la ciudad de Madrid.

Cabrera formó parte durante 22 años de los equipos de voluntarios que entre 2006 y 2018 realizaban recuentos nocturnos una noche de invierno al año “para ver la gente que estaba desbordando el sistema de atención y acogida”. “La situación de Barajas siempre ha estado ahí. En 2018, antes de que entrara el PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento y prescindieran del recuento, se localizaron 650 personas durmiendo en la calle, de las cuales 115 estaban en el aeropuerto”, rememora.

“Nadie discutió nunca, jamás, que aquella gente era competencia de la istración que gobierna en ese territorio: el Ayuntamiento de Madrid. En aquel momento lo dirigía Manuela Carmena. Nadie cuestionaba que era un asunto de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid”, sostiene.

—¿Qué ha cambiado?

—La política española, que se ha emponzoñado hasta niveles que no podíamos imaginar.

Cabrera denuncia la actitud de las istraciones competentes. “Los pobres siempre han sido un asunto muy incómodo: dañan tu imagen de ciudad perfecta”, afirma. Una forma de hacer desaparecer ficticiamente la pobreza consiste, para Cabrera, es llevar a cabo “operaciones de maquillaje”. Estas pueden ser, según el profesor, de tipo estadístico —“como estos recuentos que no se han hecho”— ; por una simple eliminación istrativa —“como decir que no son personas sin hogar, sino inmigrantes, solicitantes de asilo etc.”-; o “esta última que estamos viendo, que consiste en decir que como están en las dependencias de una empresa no son personas que vivan en Madrid”.

“Es una salvajada humanitaria”, defiende antes de recordar que al pobre, “por mucho que le quiten”, “lo que no pueden hacer es despojarlo de su corporeidad, de su cuerpo”. “Los cuerpos ya sabemos dónde están: en Madrid”, sentencia. Por último, las 400 personas del aeropuerto de Barajas son para el profesor el síntoma de que la última red de alojamiento destinada a proporcionar un techo “es una red ineficaz”.