¿Necesitamos redes sociales públicas para huir de Silicon Valley?

Las redes sociales pasan por el que quizás sea su peor momento de imagen, y esta es una frase que hemos podido decir cualquier día al menos desde 2016. Hasta hace una década, estas plataformas se presentaban como espacios para el intercambio de ideas y la participación política y cultural. Sin embargo, se han consolidado como cuasimonopolios con un modelo de negocio que consiste en vulnerar nuestra privacidad en busca de datos para vender anuncios, a lo que se suma el abandono de la moderación del acoso y los discursos de odio, y de la verificación de información.

Entre las propuestas y alternativas a estas plataformas se ha mencionado a menudo, sin que haya llegado nunca a nada, la de las redes sociales públicas. Por ejemplo, un Twitter de la Unión Europea o un Facebook gestionado por medios como la BBC. En febrero fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien reclamaba “desarrollar navegadores propios, redes sociales públicas y privadas europeas, y servicios de mensajería que usen protocolos abiertos”. Antes lo habían pedido en España el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el grupo Sumar. Y, ya en 2021, el entonces líder laborista británico, Jeremy Corbyn, hizo una sugerencia parecida.

De entrada, puede sonar hasta bien: una plataforma pública no necesitaría algoritmos diseñados para la adicción y el enfrentamiento, y tampoco tendría que recoger información privada para vender anuncios. Incluso podrían favorecer la conversación pública, como apunta por videollamada James Muldoon, profesor en la Escuela de Negocios de Essex y autor de Platform Socialism: How To Reclaim Our Digital Future From Big Tech (Socialismo de plataformas: cómo recuperar nuestro futuro digital de las grandes tecnológicas): “Los Gobiernos deben proporcionar a sus ciudadanos un espacio lo más neutro posible, pero moderado —para evitar insultos y acoso—, en el que puedan hablar de asuntos políticos y sociales”.

Sería una alternativa que contribuiría a la pluralidad de plataformas y a que no dependiéramos de un puñado de milmillonarios. Esto es algo especialmente importante en un momento en el que somos cada vez más conscientes de que la tecnología no es neutral y que las plataformas privadas responden a intereses tanto económicos como políticos: “Nadie tiene que participar en estas redes públicas y a nadie le tienen que gustar —explica Muldoon—, pero serían una opción que podría usar mucha gente. Sí, serían los clásicos lectores de The Guardian —periódico británico progresista—, pero aun así sería una iniciativa valiosa en un momento en el que las compañías tecnológicas se están politizando y escorándose a la derecha”. Y añade que ni siquiera le parece una idea “de izquierdas”: “Es muy centrista, muy liberal. Es John Stuart Mill diciéndonos que necesitamos libertad de expresión y de asociación para tener una democracia representativa funcional”.

Aun así, hay unos cuantos peros, como apunta el mismo Muldoon. Para empezar, es un asunto muy politizado desde hace al menos una década. De plantearse una red social que dependiera del Estado o de la Unión Europea, enseguida surgirían las acusaciones de que “Pedro Sánchez va a leer nuestros mensajes privados”. Y no es una sospecha descabellada: imaginemos, por ejemplo, una ley mordaza que permitiera examinar nuestras redes con excusas vagas como “la seguridad nacional”. Y siempre cabe el riesgo de que un Gobierno democrático mute en un autoritarismo similar a los de Hungría y Turquía. Como ironiza por videollamada el activista y escritor Cory Doctorow, “hay muchas razones por las que es preferible que las redes sociales no dependan del Estado, pero dos de ellas son Francisco y Franco”.

Centros comerciales y bibliotecas

No tenemos por qué elegir solo entre el Gran Hermano al estilo del Gobierno chino y una megacorporación dirigida por un pseudovillano de James Bond. Hay otras formas de plantear la participación pública en redes sociales. Periodista y activista, Marta G. Franco ha publicado Las redes son nuestras (Consonni, 2024) y fue responsable de redes sociales del Ayuntamiento de Madrid durante la alcaldía de Manuela Carmena (2015-2019). Defiende que tiene todo el sentido pensar en que haya espacios de internet que sean públicos: “Uso mucho el símil de que nuestra vida digital se está dando sobre todo en centros comerciales, que es algo que puede estar muy bien, pero también necesitamos espacios que tengan otra propiedad y otra manera de gestionarse, como los espacios públicos”. Además de centros comerciales es buena idea contar con parques, bibliotecas, carreteras…, “que operan con valores distintos a los de las empresas”.

Pero coincide en que una red controlada por el Estado es un peligro, por lo que tiene mucho más sentido que el Estado invierta o colabore con redes sociales descentralizadas y basadas en software libre. E interoperables. Es decir, que se comuniquen entre sí y permitan la portabilidad de información y contenidos, de modo similar al correo electrónico: nos podemos enviar mensajes con independencia de si usamos Gmail, Outlook o un servidor de nuestra empresa.

Doctorow propone que el Estado coopere con software, desarrollo o servidores para plataformas de código abierto ya existentes, como Bluesky (estadounidense) o Mastodon (alemana). A lo que Muldoon y Franco añaden la colaboración y financiación de proyectos de asociaciones y organizaciones independientes. También podemos mencionar iniciativas legislativas, como leyes antimonopolio o una regulación incluso más estricta que la europea y que limite o impida el capitalismo de vigilancia. Hay que tener en cuenta que las grandes tecnológicas de Estados Unidos son el segundo grupo de presión más importante de Bruselas, después de la banca y según datos de las asociaciones Corporate Europe Observatory (CEO) y LobbyControl. De hecho, la empresa que más dinero gasta en difundir su mensaje entre los representantes de la UE es Meta. Aun así, Franco añade que en el caso de la Unión, la legislación no va por mal camino, aunque sea lenta. El problema es que se ha centrado en la normativa y ha olvidado el apoyo al desarrollo de alternativas.

Pero pongamos por caso que los responsables de la UE, alarmados por la injerencia y las amenazas de Donald Trump y de Elon Musk, van más allá de las declaraciones para arañar votos y deciden financiar y apoyar el desarrollo de proyectos independientes y descentralizados. ¿El resultado podría ser una serie de redes sociales pequeñas y, como ocurre con Mastodon, quizás más complicadas de usar?

Franco explica que no es necesario que todas las plataformas sociales sean como los monstruos con centenares de millones de s a los que estamos acostumbrados. Pueden ser más pequeñas, similares a los foros de toda la vida, pero que se consoliden como “espacios donde podamos mantener relaciones un poco más significativas”. Estos proyectos no tienen que aspirar a ser la gran plaza pública en la que está todo el mundo, porque a veces queremos hablar con nuestros vecinos en lugar de insultar al presidente de Estados Unidos. Quizás necesitamos más opciones y no solo cambiarle el nombre a la de siempre. Recuperar nuestra independencia digital no es una tarea fácil, como recuerda Doctorow: “Es increíblemente importante, es increíblemente difícil y es increíblemente urgente”.