El empuje modernizador de Marruecos por el Mundial de Fútbol de 2030 arrasa barrios populares

La demolición de decenas de viviendas en el castizo barrio de L’Océan, en la vieja fachada urbana de Rabat frente al Atlántico, ha desatado inusuales protestas ciudadanas que han trascendido en las últimas semanas en la templada prensa local. La alcaldesa de la capital, Fatiha el Moudni, del partido gubernamental Agrupación Nacional de Independientes, ofreció en marzo su primera rueda de prensa tras un año en el cargo para anunciar una solución de compromiso de realojamiento de los residentes más vulnerables, en medio de una infrecuente ola de críticas de fuerzas de la oposición.

La modernización de Marruecos ante el Mundial de Fútbol de 2030, que coorganiza con Portugal y España, busca ofrecer al mundo una imagen de país avanzado –con líneas ferroviarias de alta velocidad, autopistas y terminales aeroportuarias de nueva planta–, pero también amenaza con arrasar como un buldócer un paisaje de distritos populares erigidos sin licencia sobre dominio público en décadas pasadas para que el país magrebí pueda presentar su mejor cara en uno de los eventos deportivos más globales. Las autoridades municipales proponen ahora viviendas sociales en Tamara, en la periferia del sur de Rabat, para las familias de pequeños comerciantes y artesanos desahuciadas que han encontrado su medio de vida en la proximidad de la vibrante medina del centro histórico.

En octubre del año pasado, en el embrión de paseo marítimo que reemplazará a la antigua carretera costera de circunvalación que atravesaba la capital entre cementerios islámicos y núcleos de infraviviendas, se inauguró el centro comercial Carrousel, con la presencia del embajador de Emiratos Árabes Unidos, cuyos grupos inversores son señalados como principales promotores de la operación de reforma de la costa urbana. Cuenta con más de un centenar de tiendas de marcas, un multicine y espacios de ocio y restauración. La pasada semana, la prensa marroquí anunciaba la próxima construcción de un mercado de degustación gastronómica en L’Océan, hasta tiempo reciente un distrito marginado.

Surfeando la ola del malestar ciudadano, partidos de oposición y organizaciones sociales denuncian la falta de transparencia en el proceso de expropiaciones y desalojos y la escasa cuantía de las indemnizaciones ofrecidas. Faruk Mehdaui, concejal elegido en la circunscripción de L’Océan en las listas de la Federación de la Izquierda, ha alertado de que, en muchos casos, “las demoliciones se han producido sin que se hubiese aprobado la declaración de utilidad pública de las expropiaciones y sin una compensación justa”. “Se plantea un problema de legitimidad”, advirtió el edil de la izquierda alternativa en una conferencia de prensa citada por el portal informativo Hespress.

La alcaldesa de Rabat se ha limitado a precisar que toda la operación se lleva a cabo en el “marco de la legalidad’, en un área donde la istración del Dominio del Estado (ADE), titular del dominio público marítimo-terrestre, proyecta un programa de desarrollo turístico. Fatiha el Moudni resalta que no se han producido expropiaciones, sino “acuerdos directos de venta de propiedades de particulares”, sin intervención municipal alguna, y con un ofrecimiento de realojamiento para los afectados más pobres en otras zonas del área metropolitana. “Queremos una ciudad moderna (...) No olvidemos que Rabat y Marruecos se preparan para grandes acontecimientos deportivos”, enfatizó la regidora en su comparecencia ante los medios, ha informado el digital Le360.

El Partido del Progreso y el Socialismo, el antiguo Partido Comunista de Marruecos, también reclama transparencia en el proceso de transformación de la capital ante el Mundial de Fútbol de 2030, que viene precedido a finales de este año por la Copa de África de Naciones. Su secretario general, Nabil Benabdalá, se reunió con afectados por las demoliciones de viviendas en L’Océan en presencia de la prensa local. “Nadie ha indicado claramente quiénes son los promotores implicados en el proyecto urbanístico, turístico y comercial frente al mar tras el derribo de las casas. ¿Es público o privado? ¿Nacional o extranjero?”, se interrogaba el dirigente de la izquierda tradicional, en alusión a la presunta presencia de capital de Emiratos Árabes Unidos en la operación.

“Tenemos derecho a saber qué está pasando en Rabat y en otras ciudades del país”, apostilló Benabdalá, en referencia a lo ocurrido en los últimos años en el barrio de Borgoña de Casablanca. En el mausoleo del morabito o santón islámico Sidi Abderramán, en el frente costero de la capital económica marroquí, las viviendas irregulares que impedían la prolongación de la corniche o paseo marítimo fueron echadas abajo sin contemplaciones por las palas excavadoras, refería también el semanario Tel Quel hace un año en un informe sobre la ocupación del dominio público en Marruecos.

Desde finales de 2023, coincidiendo con la designación inicial de la candidatura de Marruecos, Portugal y España para el Mundial, 2030, en varias provincias y gobernaciones de Marruecos se han sucedido los derribos de viviendas construidas sobre dominio público marítimo y zonas cercanas, según ha informado el portal medias24.com. También coincide con la selección de Casablanca, Rabat, Agadir y Tánger como sedes para el campeonato.

Omar el Hyani, otro edil rabatí de la Federación de la Izquierda, ha expresado además su preocupación por una operación en la que “nadie sabe quién es el comprador, incluso los que han firmado contratos de venta”. En declaraciones recogidas por Tel Quel, este concejal lamenta la expulsión de ciudadanos que han vivido durante generaciones en los barrios populares y la destrucción de un patrimonio urbano que forma parte de la identidad de la capital. A falta de una declaración clara de utilidad pública del proyecto, un decreto publicado en febrero encomendaba la gestión al Ministerio de Ordenación del Territorio y a la Alcaldía de Rabat.

Las demoliciones en Marruecos han alcanzado incluso zonas colindantes a las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla. Casas que eran propiedad de vecinos de ambas urbes norteafricanas han sido derribadas por las autoridades marroquíes por ocupar el dominio público costero, según informó en febrero del año pasado el diario El Faro de Ceuta al referirse a la localidad marroquí de Beliones, colindante con la frontera occidental ceutí.