La Pista, el mayor asentamiento de migrantes de América sufre por los recortes de Trump: “Nos sentimos impotentes”

Yuleima Borja vive desde hace cinco años en La Pista, el asentamiento informal de migrantes más grande de América. La mujer, de 54 años, huyó en los años ochenta de la violencia de las guerrillas colombianas y se instaló en Venezuela. Allí hizo su vida: se convirtió en a de empresas y tuvo a sus hijas. Pero la situación económica se volvió insostenible. Regresó en 2015 a Colombia a vender caramelos en los buses y con eso pagaba una habitación que compartía con su hermana. Con la pandemia, ya no les alcanzaba para el alquiler. “Así fue que decidimos invadir aquí. Llegué solo con una cama plegable y una maleta con ropa. No tenía más”, cuenta ahora, sentada en su casa, un pequeño rancho cubierto por láminas de zinc y con un par de habitaciones y cocina.

Así como Borja, miles de personas se han instalado en la última década en La Pista, que recibe el nombre por estar ubicado a lo largo de una antigua pista de aterrizaje del aeropuerto de Maicao, en el norte de Colombia. La mayoría de los más de 9.000 habitantes contabilizados en el último censo son venezolanos, pero también hay colombianos retornados e indígenas wayúu, nativos de los dos países. Viven en pequeñas parcelas de tierra cerca a los casi 1,5 kilómetros del antiguo aeródromo. Algunos tienen viviendas hechas de palos, bolsas y cartón; los más afortunados, casas cubiertas de metal para evitar que entre la lluvia durante las inclementes temporadas invernales.

La comida es escasa y el agua lo es aún más. Por las mañanas, algunos repartidores atraviesan la zona, completamente árida, con carretillas jalonadas por burros que cargan algunos galones de agua potable y la venden a domicilio o a pequeñas tiendas informales. La precaria situación se ensaña, sobre todo, con la infancia. Muchos niños trabajan y corren grandes riesgos, principalmente en la noche, pues pocas casas tienen electricidad y no hay iluminación pública. Se convierten, según las autoridades locales, en presa fácil de la trata de personas, el reclutamiento forzoso y la explotación sexual.

Para paliar estas múltiples necesidades, varias ONG se habían instalado en la zona desde hace varios años. En el Centro Transitorio de Solidaridad (CTS), ubicado en la mitad del asentamiento, operaban hace unos meses hasta 20 organizaciones como Acnur, Unicef, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Internacional para las Migraciones, Save the Children, Medicare o World Vision. Hoy, el centro está abandonado. Todas las ONG cesaron sus actividades después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara en enero el cierre de USAID, la agencia estadounidense de cooperación y, con ello, congelara la entrega de fondos de cooperación, fundamentales para el trabajo en comunidades como La Pista.

Borja, además de residente, es la presidenta del asentamiento. La Pista se organiza en 12 manzanas, cada una con su propio líder. Ellos conforman una junta y votan a una cabeza. La colombiana ocupa este cargo desde hace más de un año y ha vivido en propia piel los estragos que ha causado el retiro de las organizaciones humanitarias. “Nos sentimos muy impotentes. Antes, cuando una persona no tenía a la salud, lo atendían. Ahora, el hospital solo responde si llegas muriendo. También había espacio para bandas de música, danza, alimentación y refuerzos de educación para los niños. Todo eso se acabó”, lamenta entre lágrimas.

La preocupación también la comparte Jorge Paz, coordinador del CTS y el enlace entre la comunidad y las ONG. “Se siente mucho la partida de estos aliados”, afirma en una de las carpas del centro que ahora están vacías. Los efectos para varios, asegura, fueron inmediatos. “Tengo informaciones de que hay más mujeres que se están prostituyendo para dar de comer en sus hogares. Hay mucha, mucha hambre”, ilustra mientras abre sus brazos. Algunas organizaciones siguen operando de manera móvil y consiguen atender algunos casos, pero no a la misma escala que antes.

La falta del apoyo económico que proporcionaban las ONG ha detenido el progreso que vislumbraban algunas familias. Es el caso de Rosa, venezolana de 44 años que prefiere reservar su nombre real. Está desde hace siete años en La Pista y hace tres que prepara chicha casera, hecha de pasta, para que su esposo la venda a la salida de un colegio cercano. Ella estaba a finales del año pasado en un programa de Save the Children para mejorar sus habilidades de venta. La iniciativa, que le prometía más de 1 millón de pesos (unos 250 dólares) para potenciar el negocio, cerró. “Nos sentimos muy tristes cuando nos dijeron que no iban a poder entregarnos el dinero. Iba a comprar un refrigerador”, deplora. Otra veintena de emprendedores también se vieron afectados.

Para Rosa, la decisión de Trump tiene otra connotación. Como venezolana, condena la visión que tiene el mandatario norteamericano sobre sus compatriotas: “Es injusto. Los que vamos a otro país lo hacemos para salir adelante, no para dañar a nadie. En todos los lugares a los que vamos, los venezolanos trabajamos duro. No somos delincuentes. Pero él no escucha el clamor de nuestra gente”.

Desaparecer de la noche a la mañana

Colombia es el país de la región que recibía más subvenciones para el desarrollo por parte de Estados Unidos: proporcionó casi el 70% de la ayuda humanitaria que recibió el país en 2024, de acuerdo con los datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Decenas de organizaciones han tenido que cerrar y las que se mantienen activas han debido reducir su plantilla y su operación. El Foro de ONG en Colombia contabiliza en 1.300 los trabajadores humanitarios que han sido despedidos tras los recortes de Trump.

María Mercedes Liévano, directora en el país de Save the Children, calcula que el 40% del presupuesto que estaba previsto para 2025 ha desaparecido. “De 12 oficinas territoriales, hemos tenido que cerrar cinco. Además, ya no tenemos presencia en seis departamentos”, constata durante un viaje convocado por la ONG a Maicao. “Es doloroso porque veníamos implementando iniciativas importantes y creamos una red muy valiosa para las comunidades. Desaparecimos de la noche a la mañana”. Su operación en La Guajira, el departamento más septentrional de Colombia y donde queda La Pista, se ha debilitado tras el despido de más del 30% del personal.

El cierre de USAID también ha perjudicado a organismos internacionales como Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados. La oficina colombiana de la entidad advirtió este viernes del riesgo a que “se pierdan años de avances en la protección e integración” por la falta de financiación. A través de un comunicado, dio a conocer que se ve obligada a “suspender servicios esenciales”, lo que afectará a miles de personas, principalmente los desplazados forzosos internos y los migrantes venezolanos.

En La Pista hay muchos migrantes en movimiento, o habitantes pendulares, que no residen en el asentamiento de manera permanente. Xiomara (nombre ficticio) es una de ellos. Es indígena wayúu y vive en Las Huertas, un pequeño municipio de Venezuela muy cerca de la frontera. La cruza para recibir atención médica, pues en su país no puede acceder a los tratamientos para la anemia que padece y para “otras enfermedades” que le producen mareo y vómito constantes. Cuando está en Colombia, Xiomara se aloja en la casa de la familia de su hermana. Su cuñado es quien consigue dinero como puede: haciendo de barbero o de técnico de teléfonos móviles.

Jorge Paz señala que muchos de estos residentes pendulares no han regresado. “Como ven que ya no reciben los beneficios que daban [las ONG] y tampoco tienen un trabajo, les ha tocado irse. Cada día escucho que hay familias que han vendido su cambuche porque no han podido conseguir sustento para su familia”. Por eso, pronostica, la población se reducirá más si las organizaciones no retoman sus actividades.

Un limbo legal

Ninguna autoridad reaccionó cuando algunas familias comenzaron a apropiarse del antiguo aeropuerto, hace 10 años. El rápido crecimiento de las casas improvisadas ha significado un reto para las istraciones. El alcalde de Maicao, Miguel Aragón, ite sin ambages que la ciudad “no tiene las capacidades” para atender a los migrantes. El retiro de las ONG internacionales ha supuesto “algo nefasto” y es “muy lamentable”, asevera.

Preguntado sobre si hay algún plan de contingencia, Aragón responde que han “tocado las puertas” del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro. “La ayuda ha sido casi nula. Nos dicen que están trabajando en la ‘construcción de programas’ y de momento solo nos han entregado unos camiones para repartir agua”, sostiene.

La situación jurídica de La Pista es otro asunto espinoso. Los vecinos viven en un limbo legal. Aunque el asentamiento no cumple con las normativas de ordenamiento territorial, el desalojo sería una tarea titánica y muy impopular. Tampoco hay un proyecto de reubicación sólido. Aragón considera que no se siente “con la voluntad de sacar a las personas” de sus casas. La propuesta del alcalde es modificar las normas para poder regularizar el barrio y, finalmente, brindar a servicios públicos. Si sale adelante la propuesta, la normativa ayudará también a otros más de 40 asentamientos de menor escala que se encuentran en la ciudad.

Esa visión tranquiliza a los habitantes de La Pista. Para Yuleima Borja, es una victoria que se hable de legalización, pero reconoce que el camino aún es largo. “Si hablamos de sueños, me encantaría ver casas con materiales, áreas verdes, colegios, puestos de salud y espacios recreativos”. La salida de todas las ONG y trabajadores humanitarios de la zona, subraya Borja, aleja indefinidamente su ilusión de la realidad.