La Fiscalía imputa cargos a Carlos Ramón González, exdirector de la Presidencia de Petro, por el escándalo de la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento istrativo de la Presidencia (Dapre) y viejo aliado de Gustavo Petro, por su rol en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en una audiencia realizada este miércoles. El Ministerio Público lo acusa de haber instruido a Olmedo López, exdirector de la Unidad, de inflar los costos de un contrato y, con ese dinero robado al Estado, entregar 4.000 millones de pesos a los dos expresidentes del Congreso para que estos impulsaran las reformas presentadas por el Gobierno. González no aceptó los cargos en su contra.

“Son calumnias sin fundamento”, ha manifestado por videoconferencia el también exdirector del Partido Verde, considerado por la Fiscalía como el cerebro del desvío multimillonario de recursos. Según el ente acusador, González fue quien dio las instrucciones a López para la entrega de 3.000 millones de pesos al senador Iván Name, y 1.000 millones al representante Andrés Calle. Tanto López como Name y Calle se encuentran detenidos por el entramado que ha tocado a los más altos círculos del Gobierno colombiano.

De acuerdo con lo revelado por la Fiscalía ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, se había negociado inicialmente un soborno aún mayor, pero los congresistas tenían “premura” para recibir el dinero prometido: 60.000 millones para Name y 10.000 millones para Calle. Pocos días antes de las elecciones regionales, se entregó solo una fracción.

El soborno de Name, ha continuado el acusador, fue pactado el 23 de septiembre de 2023 en un desayuno organizado por la entonces consejera de Petro para las Regiones, Sandra Ortiz, también implicada en el caso y copartidaria de Name y González. Ese mismo día, Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, concertó la dádiva con Calle. El dinero usado para sobornar a los congresistas surgió de un contrato valorado en 46.800 millones para la compra de 40 carrotanques para La Guajira, que nunca fue ejecutado.

“Usted sabía que ofrecía a Name y Calle contratos y luego dinero en efectivo, y a cambio de estos apoyarían los intereses del Gobierno”, ha manifestado el fiscal Gabriel Sandoval, dirigiéndose a González. “Usted quiso prevalecer los intereses económicos particulares y personales sobre el interés general”, ha agregado.

Olmedo López ya había indicado en sus primeras declaraciones, tras ser detenido en 2024, que el exdirector del Dapre fue quien gestó el esquema de corrupción, en una reunión a la que llamó “cónclave”, y a la que supuestamente asistieron otros altos funcionarios.

Antes de su salida del Ejecutivo, a mediados de 2024, estuvo a la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, cargo al que renunció por considerar que su permanencia era “incompatible con cualquier investigación judicial”. En un comunicado público defendió: “Mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno”. Este miércoles, ha reiterado su postura y ha rechazado ante el juez los cargos en su contra.

El exdirector del Dapre y de Inteligencia es, desde hace décadas, uno de los políticos más cercanos a Petro. Nacido en Santander, conoció al presidente cuando militaron en la extinta guerrilla del M-19. Fue cofundador del Partido Verde hace dos décadas y, desde entonces, ha sido un poder a la sombra de esa colectividad, que en 2013 dirigió a una fusión con el petrismo agrupado en el movimiento Progresistas. Una década más tarde, Petro lo llevó a dirigir el Dapre y a ser uno de los puentes entre los congresistas y el Ejecutivo, el encargado de organizar las funciones istrativas y políticas de la Casa de Nariño. Sus dos despachos colindaban.

González es hasta el momento el exfuncionario de más alto cargo que es imputado por el escándalo de la UNGRD. Las autoridades también indagan la implicación de los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), quienes han sido señalados por la Fiscalía por supuestamente haber direccionado contratos de la Unidad a otros congresistas.

El magistrado citó para el próximo 6 de junio la audiencia en la que la Fiscalía pedirá una medida de aseguramiento contra González, que se encuentra fuera del país. Su paradero sigue siendo desconocido.