La otra cara de Punta Cana: haitianas violadas para evitar ser deportadas y abandono escolar

Nada más escuchar que llega el bus de migración, Ruth esconde como puede a sus hijos pequeños y se tumba en la cama. Ya sabe lo que van a hacerle. Las violaciones —no recuerda cuántas van— han sido la moneda de cambio insustituible para que los agentes de migración no la deporten de nuevo a Haití, de donde salió por la violencia y la pobreza extrema hace cinco años. A veces se orina de solo escuchar el motor y otras “deja que pase rápido”. Cualquier cosa es mejor que volver a su país, incluida esta diminuta habitación de madera y zinc donde da su testimonio de forma anónima en el humilde barrio de Kosovo, a 15 minutos de los hoteles y catamaranes de lujo de Punta Cana que cada año abren sus puertas a millones de turistas en busca de un todo incluido cerca del mar. Un paraíso que en parte está sostenido por quienes hoy están siendo perseguidos y violentados.

El estatus irregular de Ruth (nombre ficticio) es una piedra en el zapato para todo. No puede denunciar a los agentes de migración que presuntamente la violaron ni se atreve a ir a un hospital para descartar enfermedades de transmisión sexual. “Ya estoy harta de que sigan viniendo”, dice con la mirada agotada, mientras restriega la ropa de sus hijos en un balde de agua y jabón. Desde que a principios de abril el Gobierno de Luis Abinader anunciara un recrudecimiento de la política migratoria de República Dominicana, una gran parte de la población migrante irregular optó por reclutarse en sus casas y salir lo menos posible. Actualmente, los hospitales públicos, la salida de los colegios y las obras se han convertido en una parada rutinaria de las masivas redadas por las que, solo en los primeros 12 días de abril, deportaron a 14.874 personas. En 2024, fueron 276.215.

Para Guadalupe Valdez, integrante del Colectivo Migración y Derechos Humanos, el principal problema es que la migración en República Dominicana se ve como un problema y no como una realidad. “El Gobierno no tiene claro cómo resolver el tema migratorio y ha adoptado medidas populistas para complacer a sectores conservadores”, explica. Aunque es difícil que testimonios como los de Ruth lleguen a las autoridades por temor, su colectivo ha informado sobre 12 denuncias similares al Ministerio Público. “Los agentes tienen que ser enjuiciados y retirados del servicio migratorio”, anuncia sin esconder el miedo a que estas y cientos de violaciones a los derechos humanos que se han ido incrementando a raíz del 6 de abril queden en la impunidad.

Fue entonces cuando Abinader anunció un paquete de 15 medidas migratorias con tintes trumpistas: desde la aceleración de la construcción de un muro fronterizo (que apenas alcanza los 55 kilómetros, de una frontera de 400); el aumento de la plantilla de patrulla militar y migratoria (los “ojos de la patria” para el presidente); nuevos protocolos en hospitales, que instarán la deportación de los convalecientes en estatus irregular; y lo que el mandatario llamó una “dominicanización” del empleo, con mayores remuneraciones en el sector agrícola y turístico para incentivar la contratación de trabajadores nacionales.

“Sin mano de obra haitiana, la construcción se paraliza”

No es secreto para ningún dominicano que la precariedad de ambos sectores es mayoritariamente aceptada por trabajadores indocumentados. En República Dominicana, cerca del 80% de quienes trabajan en construcción son de origen haitiano; prácticamente un 60% de ellos lo hace de manera informal. Es por ello que el presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Cristopher, ha llamado a la regularización. “Si no tenemos la mano de obra haitiana, definitivamente, el sector construcción se paraliza”, advirtió. Asimismo, el propio ministro de Agricultura reconoció que las deportaciones estaban afectando gravemente al sector bananero, cafetero y ganadero.

A pesar de las críticas, el presidente defiende fervientemente la mano dura. “Nuestra identidad no será diluida. Nuestra generosidad no será aprovechada. Aquí la solidaridad tiene límites”, exclamó después de nombrar a Milton Ray Guevara como encargado de una comisión responsable de la nueva normativa migratoria. El exmagistrado fue el presidente del Tribunal Constitucional cuando se aprobó la sentencia que dejó en apátridas a más de 130.000 personas en el país. “Con estas medidas, el Gobierno está consolidando el régimen de apartheid contra personas haitianas y poblaciones negras y vulnerables desde hace tiempo“, sentencia Roudy Joseph, portavoz del Colectivo Haitianos RD. ”Esta es una política de terror que no dista mucho de las pandillas haitianas de las que supuestamente se está defendiendo".

A mediados de mayo, Abinader tuvo la primera de las prometidas “reuniones periódicas” con tres expresidentes dominicanos para promover una política exterior “unificada y conjunta” sobre la “seguridad fronteriza”. Tras el primer encuentro, los exmandatarios valoraron “positivamente” las medidas aplicadas por el Estado. Un ejemplo más, para Elena Lorac, de la Red Común Organizada de Ciudadanos Dominicanos (Reconoci.do), de que en el país no existen voces disidentes en el escenario político: “Todos han normalizado los ataques a la migración”.

Los límites de la solidaridad de los que hablaba Abinader se percibieron con fuerza en las aulas de María, una lideresa comunitaria que lleva desde 2009 buscando recursos para mantener en pie una escuelita en el barrio que trata a los niños migrantes como lo que son: niños. “A mí no me importa si son extranjeros o no, son mis estudiantes”, exclama desde uno de los descascarillados pupitres. Detrás de ella, se despega de la pared una bandera dominicana pintada entre los alumnos con crayones rojos y azules. El 98% de ellos, haitianos. “Desde que aprobaron las medidas, dejaron de venir muchos. En la clase de primero, había 32, hoy sólo llegaron 21. En segundo, son 42 y ya sólo están viniendo 24 niños, en esta otra faltan 37...”, narra. En su cartera conserva el casquillo que ha recibido como advertencia en una de las múltiples amenazas por el trabajo que hace.

Los padres que aún se atreven a traerlos llegan corriendo y con el uniforme puesto, para mostrar que son haitianos trabajadores. Las mujeres, hasta con las fregonas y las escobas y ellos, con el chaleco fluorescente de la obra o del mototaxi. Muchos niños también empezaron a llegar solos a casa, sin entender muy bien por qué los persiguen. En lo que va de año, casi 7.000 personas haitianas han retornado voluntariamente a su país.

“Limpieza étnica” en Punta Cana

El turismo es una de las principales apuestas de este Gobierno. En 2024, la isla caribeña de 11 millones de habitantes recibió el mismo número de turistas y el 60% de ellos aterrizó en el aeropuerto de Punta Cana. Esta industria representa el 15% del PIB y genera una entrada de divisas de más de 10.000 millones de dólares anuales. Es por ello que el ministro de Turismo, David Collado, ha insistido en varias ocasiones: “Es un mercado extremadamente importante por el cual estamos decididos a seguir peleando”.

Parte de esa pelea, según los activistas, pasa por deportar cueste lo que cueste. En el violento y torpe proceso se repiten historias horribles: bebés deportados solos, mujeres gestantes o con cesáreas recién hechas, jóvenes dominicanos con papeles... Y casos como los de Ruth. Abigail, de 33 años, se vio obligada a “mamar la polla” de uno de los agentes de migración. Igual que Esther, de 26, un mes después de dar a luz y también frente a sus hijos menores. La prima de Martina, de 14 años, también escuchó las mismas palabras: “Si no quieres que te devolvamos, me vas a tener que ayudar”.

Las lideresas sociales del barrio señalan que son muchas más. Y que el modus operandi el último mes ha sido similar: llegan, roban los pocos ahorros de los migrantes escondidos bajo el colchón y, a veces, cuando son mujeres jóvenes, exigen favores sexuales. “Esto es un cementerio de vivos”, zanja una de ellas, que prefiere no dar su nombre por miedo a las represalias. Elena Lorac insiste: “Lo que se está cometiendo aquí es una ‘limpieza étnica‘. Es una persecución fenotípica en el intento de blanquear a la sociedad, que viene desde la dictadura. Esto es una réplica a lo que pasa en Estados Unidos”.

Este barrio poco o nada tiene que ver con los lujosos hoteles de Punta Cana, donde la noche de todo incluido no baja de los 200 dólares. Sin embargo, desde estos barrios empobrecidos sale la mano de obra. En una esquina de Kosovo, conocida como La Piscina, decenas de jovenes haitianos llegan a primera hora de la mañana con sus herramientas a cuestas para ser elegidos por los capataces de obra. “Ellos dicen: necesito dos albañiles y un carpintero. Y de aquí se los llevan”, explica otra de las lideresas. Desde el 6 de abril, pocos se atreven a ofrecer su trabajo. Tampoco hay ya casi puestos de comida ambulante. “Todos tienen miedo, aunque tengan papeles. Los están asfixiando”, cuenta.

La obra del ingeniero de construcción Wady Lorenzo amanece en silencio. De la treintena de trabajadores que suelen estar dándole forma a estos 42 apartaestudios, sólo han llegado seis. “Así, no vamos a acabar la obra nunca. Tienen mucho miedo a venir, así que me toca pagarles más para que lleguen”, dice indignado el responsable de la empresa Constructora Hormizimj. Preguntado por las medidas del presidente que buscan la incorporación de dominicanos al sector, se ríe. “A los dominicanos hay que rogarles para que quieran trabajar aquí”, resume. “No lo aguantan”.

Este trabajador explica que ya ha contribuido a regularizar a una decena de sus empleados haitianos. “Pero esos trámites son bien demorados y caros... Hay que darles facilidades a los que vienen a trabajar, porque ya te digo que sin los morenos [como llaman a los haitianos en República Dominicana], no se va a desarrollar el país”.

Mientras, en el colegio de María, varios niños juegan a una nueva modalidad del pilla pilla: te pilla la migra. Ella los separa para pedirles que jueguen a otra cosa. “Aquí migración no va a entrar, porque si entra vamos a tener problemas. Para que se los lleven van a tener que matarme”, asegura encendida. Pero la activista no descarta que los agentes de migración en las escuelas sean la siguiente estampa de horror de su país.